Toda distorsión «oficial» de la realidad se apoya en la distor­sión y el sesgo de los datos, que son los únicos parámetros objetivos para la definición de la realidad misma. La antigua propaganda ha adquirido tintes mucho más «científicos» y demoledores en la era de la comunicación global. Ante cual­quier cuestión controvertida, la oficialidad lleva a cabo un protocolo destinado a imponer mediáticamente determina­dos puntos de vista, pre formando, construyendo una determinada imagen de la realidad. En oposición a la realidad evi­dente y directamente percibida por los ciudadanos. Lo vimos en el caso de la rotura de la presa minera de Aznalcóllar, en Sevilla, también en el debate sobre el aborto, y en muchas otras cuestiones importantes donde la cuestión era imponer una determinada imagen, mediática, de la realidad. El ciclo que siguen estos protocolos «oficiales» es bien conocido. Se inicia con la constitución un grupo de «expertos» [pedagogos, por ejemplo] que cuentan con la presunción de veracidad que el calificativo les otorga. En segundo lugar los «expertos» elaboran sus informes, a menudo sesgados por sus premisas y métodos de elaboración, cargados de tecnicismos y complejidades, poco accesibles a la compresión de la ciudadanía. En tercer lugar, los gabinetes de prensa institucionales emiten sus notas de prensa, basadas en dichos informes, pero ya cargadas de intencionalidad política. Y en cuarto lugar, los medios de comunicación se hacen eco literal de las notas de prensa de los gabinetes, informa­ciones que se constituyen entonces, automáticamente, en un presunto reflejo directo de la realidad, de toda la realidad posible.

            En octubre de 2009 una nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial (2009) se iniciaba con el encabezado «Se rompe el mito de las supuestas denuncias falsas por violencia de género», y continuaba con el subtítulo «Sólo 1 de las 530 resoluciones estudiadas podría encuadrarse como denuncia falsa». La nota de prensa estaba dando ideas para los titula­res a la prensa, como de hecho ocurrió. Esta nota se basaba en un estudio del llamado «Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del CGPJ». Su aparición parecía responder tanto a la creciente respuesta social contra la Ley de Violencia de Género, como a la reunión, prevista para noviembre, de la subcomisión de Violencia de Género del Congreso para analizar precisamente los resultados de la aplicación de dicha Ley. Y, de fondo, seguramente al intento del gobierno de llevar la bandera de la violencia de género a su presidencia de la Unión Europea, ante la casi total falta de argumentos frente a Europa. La nota de prensa cumplía su objetivo mediático. Pero del análisis, aunque sea superficial, del informe que la sustenta, se deduce la falta del mínimo rigor en las «conclusiones» del encabezado. El 95.48% de los casos analizados en el informe eran apelaciones a las Audiencias Provinciales, es decir, casos ya juzgados y conde­nados en otras instancias, y que además apelaban; casos que suponen menos del 10% del total de denuncias por la Ley de Violencia de Género. Se habían buscado las denuncias falsas no entre las denuncias, sino entre los casos ya cribados por la justicia y condenados, omitiendo, además, las llamadas «sen­tencias de conformidad». Por otra parte, en 148 de los casos analizados se valora la declaración de la víctima como prueba de cargo para establecer la condena, y en otros 42 casos el tes­timonio fue la única prueba. Por lo que, en puridad, en todos esos casos resulta imposible saber cuáles son denuncias falsas o no. Por más que, al amparo de una Ley y una doctrina injus­tas, haya recaído una condena. En resumen, la única denun­cia falsa detectada en el informe fue la de una mujer que, ante la condena a su pareja, declaró por escrito y en el pro­pio recurso de apelación a la Audiencia, que había mentido. Y la única conclusión objetiva de este informe, respecto a las denuncias falsas, es que resulta imposible, con esta Ley y con la ruptura de la presunción de inocencia, detectarlas. A no ser que la mujer denunciante lo declare expresamente y por escrito. Y a veces ni siquiera de ese modo. Lo triste del asunto es que se incoaran actuaciones contra una mujer que, ante la constatación del despropósito en que se había visto envuelta, tuviera el coraje de rectificar ante la justicia.

            Pero es el neoconcepto de «alarma social» el paradigma de la manipulación informativa. Porque no es que sesgue los datos, es que se genera a partir de datos aislados, constituyendo una de las grandes las perversiones de nuestro sis­tema mediático, que se apoya en el miedo social, emoción básica que facilita enormemente la manipulación. Se ha lle­gado a justificar casi cualquier actuación alegando que existía «alarma social». Pero la gente se alarma a través de la infor­mación que se le aporta a través de los medios de comunica­ción. La «alarma social» se genera, por lo tanto, y porque no puede ser de otro modo, a través de los propios medios, por lo que la denominaremos «alarma mediática». Sustentada en graves simplificaciones de la realidad, cuando no en casos ais­lados, la «alarma» campa a sus anchas causando estragos en la conformación racional de una sociedad más justa.

            Así, concluimos que la mayor parte de los datos existentes respecto a las cuestiones «de género» pueden estar desvirtua­dos. La existencia de numerosos fondos públicos y organis­mos dedicados a estas cuestiones contrasta con la precarie­dad de los datos ofrecidos a la opinión pública, a la hora de describir una realidad tan diversa como compleja. El sesgo de los datos es una forma de desinformación, que precede a toda forma de manipulación. Ante la que la opinión pública se encuentra inerme. Resultaría imprescindible una regulación legal del máximo rigor acerca de la veracidad de la imagen de la realidad, basada en los datos, que se emite a la ciudada­nía, que debería afectar tanto a políticos como a periodistas. Porque sólo siendo fieles a los datos, sin interpretaciones inte­resadas, puede existir eso que llamamos democracia, y los ciu­dadanos podrán hacer valer sus puntos de vista en las urnas. Afortunadamente, y con la experiencia democrática que acu­mula la población española, ésta al menos recela de las ver­siones oficiales, sobre todo cuando el pulso de la calle viene a desmentir radicalmente los relatos que machaconamente tra­tan de imponernos desde las esferas del poder político.

            (Diego de los Santos, Las mujeres que no amaban a los hombres. El régimen feminista en España, 2ª ed. Sevilla, 2010, pp. 81-83 y 85-86.)

NOTA: Quienes vivimos en Andalucía podemos tener una constatación inmediata de lo que significa la ocultación de parte de los datos con sólo ver las mismas noticias que ofrece la televisión autonómica a través de Canal Sur Noticias, a las 14’30, y luego la nacional en TV1, a las 15 h. Hago notar, para quien lo ignore, que ambas dependen de gobiernos del mismo signo político.

Saludos

Genaro Chic García

http://www.genarochic.tk

Foro: http://prestigiovsmercado.foroes.org/forum.htm

Tfno. 954 62 58 88
        669 41 51 74

¿Y qué es peor que una crítica? - La crítica constructiva. La gente nunca te lo perdonará (Eliyahu M. Goldratt, La meta, Madrid, 1993, p. 251)